martes, 19 de agosto de 2008

CONTEXTO NACIONAL DE LOS AÑOS 1997 -2002.

Al cierre de los tres primeros años de gobierno de Andrés Pastrana, no pudo enfrentar con éxito la problemática económica, política y social centrales en Colombia que identifico con su plan “ cambios para construir la paz” el agudo conflicto social del país con sus variables inequidades y pobre desempeño de una economía que en los últimos años no había conocido tasas de crecimiento mayores de 6% vitales para cerrar la brecha en mataría de ingresos, patrimonio y bienestar entre rico y pobres.

En el panorama general en los acontecimientos de estos años se vieron presididas por los del año 2000 donde se extrajeron de manera complejas y critica asuntos de naturaleza diferentes; entre ellos la figura de los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrita, las agudas diferencias surgidas entre la elite política por los debates sobre reforma y referéndum, conllevo a una crisis y a la polarización, que logro madurar hasta configurarse nítidamente como el mas preocupante fenómeno político- social e incluso militar que ha podido afectar el próximo ciclo político del país. El proceso de polarización no solo trajo consecuencias negativas para lo diálogos de paz sino también para la concertación social y laboral en el país.

Lla existencia de algunos sectores sociales y políticos que piden el fin de la zona de distensión , e inicio de una escalada militar contra la insurgencia, de la misma manera reclaman la aprobación de normas que aprueben milicias armadas para hacer frente a los grupos guerrilleros, lo que anuncia un fortalecimiento de la confrontación bélica.

Se continúan sufriendo un contexto de violencia y de criminalización, generada por organizaciones narcotraficantes que junto a otros actores armados provocan el desplazamiento forzado, obligando que la población deje sus hogares y salga de sus pertenencias, utilizando esta practica como estrategia de guerra, ya que una vez desocupadas las propiedades son pobladas por grupos afines a los grupos espolsadores; sin embargo el desplazamiento no obedece solamente a los objetivo militares o políticos sino también a una convergencia entre la estrategia contra insurgente y los intereses de algunos sectores económicos, que apoya a estos grupos paramilitares con el interés de acrecentar sus posesiones sobre los recursos naturaleza y la tierras productivas.

Durante este periodo el desplazamiento forzado de población registró un significativo crecimiento, afectando gran parte del territorio nacional, una característica preocupante fue el aumento de los desplazamientos intra - urbanos.

A esta situación contribuyó la ausencia de una política integral de prevención por parte del Estado. Tampoco se avanzo en materia de lucha contra la impunidad de los responsables de los desplazamientos. Durante el mismo período, la organización no gubernamental (ONG) Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) registró algo más de 350.000 personas desplazadas.

A pesar de los avances obtenidos en la cobertura del Sistema Único de Registro (SUR) y en la asistencia humanitaria de emergencia, persisten obstáculos en el acceso a los programas estatales y a soluciones duraderas, y dificultades para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. De particular preocupación es la situación de las mujeres, los niños, los indígenas y los afrocolombianos desplazados.

La Red de solidaridad Social ha presentado avances en la coordinación interinstitucional, así como en la consolidación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), aunque esta última se ha visto obstaculizada por el diferente grado de compromiso de las distintas entidades que lo integran. Igualmente, pese a los esfuerzos realizados por la Red de Solidaridad Social, el nivel de participación en los programas de atención de algunos departamentos y municipios sigue siendo bajo. La Ley Nº 387 de 1997 condiciona la atención de los desplazados a la disponibilidad presupuestal de las entidades estatales. Existe un déficit entre los recursos asignados y las necesidades de sus destinatarios.

La prevención del desplazamiento fue el componente más débil de la política de atención persistente, la debilidad del Estado para proporcionar la seguridad a las comunidades en riesgo frente a la expansión geográfica del fenómeno. En ocasiones, frente a una alerta de desplazamiento primo la seguridad militar o el cuidado de la infraestructura sobre la protección de la población civil.

Se destacan algunos avances en el restablecimiento socioeconómico de los desplazados; sin embargo, su efectividad resultó disminuida por la limitación de los recursos asignados, los retrasos en el desembolso, los obstáculos para el acceso al crédito y la limitación temporal de tres meses de la ayuda humanitaria.

FORMULACION DE POLITICAS PÚBLICAS

En relación a la política por estos años el gobierno plantea algunos parámetros normativos en la atención al desplazamiento forzado entre ellas tenemos la creación del decreto 1165 del año 1997[1] cuyo objetivo era la creación de la conserjería para la atención de la población desplazada en el territorio nacional de igual manera el decreto 976 del mismo año se le hace reconocimiento al desplazamiento masivo como un evento de naturaleza desastrosa que pone en riego la vida e integridad de la población; dichos planteamientos encuentra tambien sustento en el acuerdo 59 del 1997 donde anuncia esta calamidad de manera catastrófica a la cual se le debe otorgar el derecho a la población que la vive los servicios de salud necesarios o requerido por las familias que han salido expulsadas.

Con la ley 387[2] del 1997 plantea como objetivo en la atención a la población, la adopción de medidas de prevención, atención, protección, consolidación y estabilidad socioeconómica de la población desplazada, defendiendo la responsabilidad del estado en la creación del Sistema Nacional de Atención Integral y la formulación del mismo en las políticas de atención y creación y promoción de comités a nivel municipal, distrital y departamentales para la atención integral; dentro del alto flujo de leyes y decretos para hacerle frente al fenómeno no topamos co el decreto 173 del 1998 donde se le pide al Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada la atención en salud de manera prioritaria tanto en emergencia como en lograr una estabilidad socio económica la anterior propuesta fue defendida por el acuerdo 185 del año 2000[3] donde se define el procedimiento aplicable a las reclamaciones para el pago de los servicios de salud prestados a la población desplazada de igual manera en la sentencia 1150[4] del mismo año la corte recuerda que le desplazamiento forzado ha generado situaciones de emergencias social de una gran magnitud que amerita ser atendida directamente por las mas altas instancias del país en pocas palabras por el presidente que tiene la obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos por quien fue elegido para velarles los derechos constitucionales.

INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SALUD EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 1997-2001[5]

Colombia es el país de América Latina con mayor gasto en salud. En 1996, éste ascendió al 10% del PIB, incluyendo el gasto público directo, las cotizaciones para el aseguramiento y el gasto privado. Entre 1994 y 1995, el monto real de recursos públicos destinados al sector salud creció en un 80%. Aunque los recursos destinados sean excepcionalmente elevados, ello no ha dado como resultado un mayor disfrute de este derecho a lo largo del territorio colombiano. En 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social en Salud que unifica el sistema de seguridad social para los trabajadores del sector formal, el servicio público gratuito o semi gratuito y los servicios privados. Sin embargo, en la práctica los tres componentes subsisten y con ellos, una fuerte discriminación en base al ingreso y condición laboral de los usuarios.

En relación a la salud, la cobertura se ha incrementado en los últimos años, al pasar del 23 al 52% de la población entre 1992 y 2000. No obstante, se observan serias diferencias entre las áreas urbana (57%) y rural (41%). Asimismo, los elevados niveles de evasión y elusión, la falta de progresividad en la cotización, la inadecuada asignación de subsidios y la ineficiente oferta de servicios en el primer nivel de atención, entre otros, han llevado a un déficit en la cuenta de compensación del régimen contributivo, agotándose los aportes de solidaridad para el régimen subsidiado.

A pesar del incremento del gasto en salud desde 1993 esta situación estaría poniendo en duda la viabilidad del modelo vigente.

En cuanto al seguimiento del derecho a la salud, en el año 2001 la ACNUR destaca la preocupante situación de violencia ejercida contra los trabajadores del ramo, en especial contra ANTHOC (Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Colombia) y los numerosos ataques contra la misión médica; muertes como la ocurrida el 17 de mayo de 2000 donde resultó muerta la Presidenta de ANTHOC, Seccional Cartago (Valle del Cauca), Carmen Emilia Rivas. Si bien se han obtenido logros en materia de aseguramiento a partir de la puesta en marcha de la Ley 100 (1993), que regula y reforma el sistema de salud, la cobertura aun no es universal y en cuanto al acceso a la atención de los enfermos se favorece a la población de mayores ingresos.

De acuerdo con un informe de indicadores de cobertura de la Superintendencia de Servicios de Salud, seis millones de personas, que forman parte de la población más pobre de Colombia, no están cubiertas por el régimen subsidiado de salud. También se notan diferencias significativas entre municipios, departamentos y regiones. Tal y como lo muestra otro estudio de la Defensoría del Pueblo, es manifiesto el desconocimiento que los afiliados tienen de sus derechos, lo cual facilita la violación de los mismos.

CONCLUSIONES

Preocupa la gravedad y magnitud de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario que, se ha podido constatar a través de de la Oficina de la ACNUR durante estos años en Colombia. Unas y otras pueden señalarse como graves, masivas y sistemáticas. Deplora, en particular, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos, la práctica de la tortura, de la desaparición forzada y de los secuestros, las amenazas y el desplazamiento forzado de la población.

Es lamentable que el Estado colombiano, durante esta época, pareciera no estar en condiciones de brindar apoyo efectivo a las instituciones y actores encargados de velar por el respeto de los derechos humanos.

La situación de los niños desplazados por la violencia, y las limitaciones en el goce de sus derechos fundamentales, sino a exposición a situaciones de riesgo que ponen en peligro su vida e integridad personal, condiciones inaceptables en las cuales muchos menores, inclusive menores de 14 años, trabajan para atender sus necesidades y las de sus familias.

El desplazamiento en estos años en el país aumento continuamente, sin que las medidas adoptadas por el Gobierno logran erradicar las causas del fenómeno.Preocupo también el hecho de que muchos desplazados fueron víctimas de nuevas violaciones de los derechos humanos en sus lugares de asentamiento.

Fue lamentable la respuesta insuficiente dado las autoridades estatales a los problemas planteados por las necesidades básicas insatisfechas en materia de alimentación, salud, vivienda, educación e higiene de los desplazados, la mayoría de los cuales son mujeres y niños.

Se evidencio que la expansión e intensidad del conflicto provoco desvío de recursos públicos, para la guerra interna que genero desplazamientos forzados, contribuyendo a que fueran cada vez menos los colombianos que pudieran ejercer los derechos, establecidos en la constitución del año 1991.

CONTEXTO NACIONAL DE LOS AÑOS 2002 – 2004

El panorama general del año 2001 en Colombia ha estado marcado por una serie de cuestiones que permiten explicar el contexto de la crítica situación del país y posibilitan una mejor comprensión de la realidad. Entre ellas cabe mencionar los diálogos de paz entre el Gobierno y las guerrillas, incluyendo las diversas posiciones políticas frente a esos diálogos y las antagónicas estrategias de paz o guerra. Paralelamente, otros problemas estructurales han acompañado la realidad colombiana, como son la persistencia de la crisis económica, agravada por la recesión mundial, y la continua, nefasta y poderosa actividad de las redes del narcotráfico

A lo largo del año, la evolución de los diálogos de paz con las guerrillas hizo manifiestos no sólo las dificultades para avanzar en el logro de acuerdos que acerquen las perspectivas de solución, sino también el precario nivel de apoyo social y político que los procesos han recogido. Las crecientes críticas y el desencanto de grandes sectores de la población dieron cabida a políticas y estrategias que dan prioridad a respuestas guerreristas. Paulatinamente, los grupos armados continuaron degradando su actuación con acciones violentas que supuestamente respondían a los intereses de la negociación. Los magros logros en el proceso de paz deben ser entendidos en el contexto del recrudecimiento de la guerra, el aumento progresivo de la debilidad institucional y del estado de derecho y la ausencia del Estado en vastas regiones del país, profundizando así la crisis de gobernabilidad.

En relación con Colombia, el 11 de septiembre de 2001 marca dos hitos de influencia: la adopción de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad contra el terrorismo y la inclusión de los grupos paramilitares en la lista norteamericana de organizaciones terroristas, donde ya figuraban las FARC y el ELN. Ambos aspectos han sido terreno fértil para endurecer los cuestionamientos a las acciones armadas de los grupos ilegales y para elaborar estrategias gubernamentales en el marco de la Ley de seguridad nacional, que contiene disposiciones incompatibles con las normas internacionales y los principios democráticos

En 2002, el fin del proceso de paz de Pastrana y la subsiguiente elección de Álvaro Uribe Vélez, con un nuevo estilo de gobierno y su modelo de seguridad democrática sustentado con el Plan Colombia y el nuevo clima de inversión del gobierno anterior, marcan una principal diferencia.

Las elecciones de marzo para el Congreso y las elecciones presidenciales en mayo fueron dos importantes puntos de referencia en el panorama político de 2002, que permitieron observar la situación de derechos humanos en los últimos meses del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana y los primeros cien días del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe.

Otros factores analizados son: la adopción y el desarrollo de la política de seguridad por parte del nuevo Gobierno, que comenzó su ejercicio el 7 de agosto; las medidas adoptadas a raíz de la declaratoria del estado de conmoción interior; la preparación de la convocatoria del referendo constitucional para el año 2003; las gestiones en pro de la iniciación de un diálogo con grupos paramilitares; y las dificultades que el país afronta en materia de endeudamiento, déficit fiscal y realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

Otro reto para el Gobierno y los sectores económicos del país sigue siendo el que plantea la necesidad de que unos como otros contribuyan, dando pleno cumplimiento a las exigencias planteadas por los derechos económicos, sociales y culturales, a un mejor funcionamiento de la economía que permita disminuir la inequidad existente.

Por estos años el Estado aún no cuenta con una política efectiva y coherente en

materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esta carencia se manifiesta en la debilidad de sus políticas preventivas, lo cual contribuye a agravar la crisis en uno y otro campo. Esto ha incidido en el aumento significativo de personas desplazadas, así como en la mayor vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos afectados por intimidaciones, amenazas, ataques y estigmatizaciones aun por parte de servidores públicos.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, continuó la preocupación por la profunda exclusión económica y social, el alto grado de pobreza, y la amplia brecha de inequidad. El derecho al trabajo se vio afectado por los altos niveles de desempleo, subempleo y trabajo informal, y por la precaria cobertura del régimen pensional, persistiendo los problemas de cobertura para garantizar la universalidad de la educación y la reducción del analfabetismo.

Asimismo, el derecho a la salud registró un incremento de la cobertura, pero continúan profundas diferencias entre las zonas urbanas y rurales. Se registró un progreso en cuanto al número de viviendas de interés social construidas por el Estado, pero con una drástica reducción de las viviendas subsidiadas.

La crisis humanitaria en la que se encuentra Colombia, agrava mas el fenómeno del desplazamiento forzado considerada como la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental y la tercera en el mundo después de la República Democrática del Congo y Sudán (ACNUR - Informe de Visita del Alto Comisionado a Colombia. 2004).

La situación supera todas las acciones y medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de derechos para todas las personas internamente desplazadas, por las graves violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a los principios Rectores de los Desplazamientos Internos, por razones del conflicto armado, de manera particular las personas más vulnerables como son los niños y niñas, las mujeres cabeza de familia, los jóvenes, los adultos/as mayores y las minorías étnicas.

El desplazamiento forzado de población registró un significativo crecimiento, afectando gran parte del territorio nacional, debido a su utilización, cada vez más frecuente, como una estrategia de guerra. Una característica preocupante del año fue el aumento de los desplazamientos intraurbanos. Según la Red de Solidaridad Social, en los primeros nueve meses de 2002 los paramilitares fueron responsables del 30% de los casos de desplazamiento y los guerrilleros del 14%. En poco menos de 1% de los casos se responsabilizó a las fuerzas armadas. En el 52% de los casos, dos o más actores armados serían los responsables.

FORMULACION DE POLITICAS PÚBLICAS

Durante estos años el gobierno en cabeza del nuevo presidente y analizando los informes negativos en relación al desplazamiento crean el decreto 2131 del 2003 que buscaba reglamentar el numero 4 del articulo de la ley 837 del 1997, el ultimo inciso del articulo 54 de la ley 812 del 2003 frente a la atención en salud de la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia.

PARÁGRAFO 1o. En el caso de las personas desplazadas, afiliadas al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los afiliados a un régimen de excepción, este requisito será necesario solo cuando se requieran servicios distintos a la atención inicial de urgencias, a través de una red diferente a la contratada por la respectiva Entidad Promotora de Salud o por la entidad administradora del régimen de excepción. La población desplazada por la violencia, afiliada al régimen contributivo, al régimen subsidiado, o a un régimen de excepción, está en la obligación de informar a la institución prestadora de servicios, en el momento de demandar los servicios, el nombre de la entidad aseguradora a la que se encuentra afiliada.

a) La atención en salud de la población desplazada por la violencia, asegurada en el régimen contributivo o en un régimen de excepción, debe ser garantizada por la respectiva entidad de aseguramiento en la entidad territorial receptora, para lo cual deberá adoptar los mecanismos, convenios y procedimientos que garanticen la prestación de los servicios en salud a sus afiliados.

b) ARTÍCULO 5. De conformidad con la Ley 100 de 1993 y la Ley 715 de 2001, la atención inicial de urgencias de la población desplazada por la violencia deberá ser prestada, independientemente de su capacidad de pago, en forma obligatoria por parte de las instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud, aun cuando no se haya efectuado su inscripción en el Registro Unico de Población Desplazada de que trata el Decreto 2569 de 2000.

c) Para el caso de la población en condición de desplazamiento forzado por la violencia, el pago de los servicios prestados por concepto de atención inicial de urgencias, será efectuado por la entidad promotora de salud, la administradora del régimen subsidiado, la entidad transformada o adaptada y aquella que haga parte de los regímenes de excepción, a la cual se encuentre afiliada la persona en condición de desplazamiento.

d) Dichas entidades reconocerán al prestador, dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la factura, el valor de los servicios según las tarifas establecidas en el Decreto 2423 de 1996 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTÍCULO 7. Las administraciones municipales y distritales complementariamente con el departamento y la Nación y las entidades del sector salud según sus competencias, adoptarán las medidas sanitarias pertinentes para la prevención, mitigación y control de los riesgos para la salud derivados de los desplazamientos masivos[6].

Sin embargo en el año 2004 la Corte constitucional en enero 22 en cabeza del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa promueven que los gobernadores y los alcaldes adopten las medidas necesaria para asegurar que haya coherencia entre las obligaciones constitucional y legalmente definida frente a la atención de la población desplazada por las respectivas entidades territorial y los recursos que deben destinar para proteger efectivamente los derechos constitucionales a estos colombiano que están sufriendo el desplazamiento.

INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SALUD EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2002-2004[7]

Según los datos presentados ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 43% de la población colombiana no está cubierta por la Seguridad Social. Demostrando las limitaciones de acceso a la salud por parte de la población colombiana. La reducción de los subsidios a los servicios de salud, dificultando aún más el acceso de las mujeres, los niños, los afrocolombianos, los indígenas y los desplazados.

Esta situación se agrava en las áreas rurales donde el cubrimiento en salud es menor que en las zonas urbanas. Los programas nacionales de vacunación también se redujeron, aumentando así el riesgo de la población a una variedad de infecciones y enfermedades, especialmente entre los niños. Se observa con preocupación la situación de violencia que afecta a los miembros del sindicato ANTHOC, así como el irrespeto de los grupos armados de la misión médica y los medios de transporte sanitarios, afectando seriamente el acceso a la atención médica de la población.

La cobertura en salud se ha incrementado en los últimos años, al pasar del 23 al 52% de la población entre 1992 y 2000. No obstante, se observan serias diferencias entre las áreas urbana (57%) y rural (41%). Asimismo, los elevados niveles de evasión y elusión, la falta de progresividad en la cotización, la inadecuada asignación de subsidios y la ineficiente oferta deservicios en el primer nivel de atención, entre otros, han llevado a un déficit en la cuenta de compensación del régimen contributivo, agotándose los aportes de solidaridad para el régimen subsidiado. A pesar del incremento del gasto en salud desde 1993 esta situación estaría poniendo en duda la viabilidad del modelo vigente. Aunque se duplicó el gasto nacional por parte del Estado en el período entre 1994 y 2002. Sin embargo esto no ha tenido una manifestación paralela en los servicios, ni ha beneficiado a los sectores y regiones menos favorecidos. De hecho los mayores avances en materia de cobertura se presentan en Bogotá y Medellín y los menores en las regiones más atrasadas y conflictivas.

CONCLUSIONES

  • Se observo un notorio deterioro de la situación de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Los principales derechos afectados siguieron siendo el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al debido proceso.

  • El principal factor de violación de estos derechos estuvo constituido por actos de miembros de los grupos paramilitares cuya perpetración compromete, por acción o por omisión del deber de garantía, la responsabilidad del Estado.

  • Se observa de manera preocupante incremento de la debilidad del Estado y de sus instituciones, que pone en serios riesgos el futuro del estado de derecho en Colombia. Por una parte, ante la degradación y expansión del conflicto armado se ha registrado la creciente ausencia del Estado y sus instituciones en numerosas regiones del país, agravando los problemas de gobernabilidad y de legitimidad.

  • Se ha el fortalecimiento del poder militar en detrimento de las instituciones y autoridades civiles. Esto último se refleja en la adopción de la Ley de seguridad y defensa nacional y en algunas propuestas de la estrategia antiterrorista, en el énfasis de las respuestas represivas en perjuicio de las preventivas, y en los cuestionados cambios en la Fiscalía, con un consecuente debilitamiento de la administración de justicia como pilar democrático.

  • El fenómeno paramilitar continuó en expansión y consolidándose. El compromiso del Gobierno para enfrentar a esos grupos ha seguido siendo débil e inconsistente. Se observa un contraste entre el discurso firme del Gobierno en contra de los grupos paramilitares y las acciones efectivas, así como con la subestimación de la dimensión de los vínculos de servidores públicos con esos grupos. Dicho contraste podría ser entendido en el contexto señalado de debilitamiento del poder civil frente al militar.

  • Preocupa la falta de acciones oportunas y eficaces de prevención y protección a la población desplazada en la geografía nacional e impunidad que cobija a los responsables de acciones paramilitares, por acción o por omisión, y la limitada eficacia de los mecanismos del Estado para combatirlos explican en gran parte el fortalecimiento de esos grupos.

  • El desplazamiento forzado ha seguido agravándose en magnitud y complejidad, se ha extendido a nuevas zonas del país y afecta de manera desproporcionada a indígenas y afrocolombianas. Los grupos paramilitares siguen siendo los principales responsables de los desplazamientos. Sin embargo, en esta materia se registra un serio incremento de las acciones atribuidas a grupos guerrilleros.

  • El Estado, no obstante los avances legislativos y jurisprudenciales alcanzados, no parece tener una voluntad política real de priorizar la prevención y de establecer una estrategia eficaz e integral de protección a la población en riesgo.

  • La impunidad de la que gozan los responsables de los desplazamientos es generalizada, se observa que la población desplazada sigue padeciendo una grave situación de vulnerabilidad, inseguridad y estigmatización. En cuanto al registro de población desplazada, se advierte que, no obstante el avance jurisprudencial en el tema, la interpretación restrictiva del principio de extemporaneidad deja desamparados y sin perspectivas de solución a un elevado porcentaje de desplazados.

  • Preocupa el desequilibrio entre la asistencia humanitaria de emergencia de tres meses y el período de tiempo más extenso que necesitan los desplazados para ser autosuficientes, como es el caso de las mujeres jefas de hogar en áreas urbanas.

  • Preocupación por la debida atención por parte del Estado para progresar en aspectos como la disminución de la brecha de inequidad, el mejoramiento de la situación de los grupos menos favorecidos y el avance en materias tales como empleo, educación, acceso de los más pobres a la salud, a la vivienda y a otros derechos básicos.

  • Las mujeres continúan siendo víctimas de la discriminación, en particular en las esferas de la educación, el empleo y la participación política. También siguen siendo afectadas por la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el tráfico de personas. Se observa con consternación cómo, en el marco del conflicto armado, hay mujeres que fueron víctimas de agresión sexual antes de ser privadas de la vida y otras que fueron sometidas a esclavitud tanto sexual como laboral en las filas de los grupos armados ilegales.

· El derecho a la vida se vio afectado por ejecuciones extrajudiciales, tanto individuales como colectivas, y por amenazas de muerte cuyos destinatarios fueron miembros de grupos particularmente vulnerables (defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, indígenas, afrocolombianos y campesinos, entre otros). En algunos casos las ejecuciones tuvieron el carácter de selectivas y en otros formaron parte de campañas de limpieza social, principalmente por parte de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.

· Algunos procedimientos desarrollados en el marco de las políticas de seguridad, como allanamientos y capturas, tuvieron como consecuencia la muerte de civiles atribuida a la acción directa de la fuerza pública. Estas conductas fueron registradas principalmente en el operativo Orión, en octubre, en la Comuna 13 de Medellín, con un saldo de tres muertos civiles. Anteriormente ya se habían registrado nueve muertos civiles en el operativo Mariscal en el mes de mayo, en la misma comuna.

· Las más graves violaciones del derecho a la libertad de circulación y residencia estuvieron constituidas por los impedimentos ilegítimos al libre tránsito interno y por los desplazamientos forzados. Los impedimentos al libre tránsito no sólo fueron este año efecto de los retenes ilegales impuestos por los grupos armados para controlar la circulación de peatones y de vehículos en las zonas bajo su control. Tales impedimentos se dieron también como consecuencia de la aplicación del Decreto Nº 2002, en cuyo desarrollo se impuso a los habitantes de las zonas de rehabilitación y consolidación una serie de medidas incompatibles con los principios internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos aún en el marco de estados de excepción.

· Los problemas de la pobreza extrema y de la inequidad distributiva de la riqueza son unos de los más graves. Cabe destacar el porcentaje de la tenencia de la tierra, donde el 1% de propietarios posee más del 53% del área cultivable. El 67% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, rebasando ligeramente el nivel promedio observado desde los años ochenta, y cerca del 25% bajo la línea de indigencia, porcentaje incrementado sustancialmente en los últimos años. En el área rural más del 40% de la población vive bajo la línea de indigencia. Aún más grave es la situación de la niñez, ya que el 24% de la población que vive bajo la línea de la pobreza es menor de 10 años y cerca del 14% de los menores de 5 años padecen desnutrición crónica.

· Desde el decenio de 1990 se han mantenido altos niveles de desempleo, al pasar de tasas del 9% en 1995 a tasas del 20% en 1999. El problema se agravó con el aumento del subempleo y del trabajo informal, que en 2000 fueron de 29 y 60%, respectivamente. La crisis económica afectó las fuentes de empleo en 2002 y entre enero y septiembre hubo un incremento de 1,4 puntos en la tasa de desempleo, y de 5 puntos en la tasa de subempleo. En septiembre de 2002,el desempleo alcanzó al 14% de la población, y un 35% de la misma se encontraba subempleada.

· Asimismo persiste una precaria cobertura del régimen pensional, pues solo el 20% de la población económicamente activa está cubierta el sector educativo enfrenta problemas de cobertura para garantizar la universalidad de la educación y la reducción del analfabetismo. Persisten los bajos niveles de cobertura neta en la educación, con un 26% en la media, un 52% en la básica secundaria y un 34% en la preescolar, sin que se haya podido superar el 82 % en la básica primaria. Cerca de dos millones de niños y jóvenes entre 5 y 17 años (el 16% del total) están fuera del sistema escolarh. Este porcentaje es el doble en áreas rurales (25%) que en áreas urbanas (12%). No obstante haber mejorado en los últimos 30 años la cobertura neta en básica primaria, continúa estando por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Esa mejoría no ha sido necesariamente acompañada de la garantía de calidad de la educación.

· La política pública de vivienda seguida desde 1991 ha dado buenos resultados en términos de número de viviendas de interés social construidas. No obstante, existe un déficit para más de un millón de hogares, cinco millones de personas, que en un 82% de los casos no alcanzan a ganar cuatro salarios mínimos. Como consecuencia de la crisis financiera de 1998 se redujo drásticamente el número de viviendas subsidiadas por el Estado. De un promedio de 126.000 unidades al año entre 1990 y 1998 se pasó a 40.000 en el año 2000. Sin embargo, el porcentaje de la financiación total de vivienda ha crecido de un 15% en 1995 a un 49% en 2000.

· A pesar de este crecimiento porcentual persisten las dificultades para un amplio número de beneficiarios del subsidio, pues no logran obtener la vivienda debido a que carecen de los requisitos exigidos para acceder al crédito hipotecario destinado al pago total de la vivienda.

CONTEXTO NACIONAL DE LOS AÑOS 2004 -2006.

El año 2004 estuvo marcado políticamente por tres grandes temas. El primero fue el debate público sobre cambios constitucionales que permitieran la reelección inmediata del Presidente. El segundo tema fue la negociación entre el Gobierno y grupos paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el tercero fue la ausencia de avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) Adicionalmente a estos tres temas, el Gobierno continuó la implementación de su política de seguridad.

Las medidas incluyeron el aumento del número de los integrantes de los cuerpos Militares y policivos. Se adoptaron medidas para hacer más eficaz la capacidad de movilización y de respuesta de la fuerza pública. La Corte Constitucional declaró inconstitucional por vicios de procedimiento la modificación de la Constitución, que permitía a los militares la práctica de detenciones, allanamientos, registros e interceptaciones telefónicas. Según el Gobierno, se incrementó considerablemente el número de personas en la red de informantes y se aumentó el contingente de soldados campesinos. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes.

También fueron parte de la discusión política, temas de la agenda social, como el de la reforma tributaria, el de la pobreza, el de la salud pública, el del acceso equitativo a la educación, el del desempleo, y el del déficit habitacional, así como el tema de la extradición. Asimismo, se iniciaron negociaciones con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo cual despertó manifestaciones y debates en

pro y en contra.

Durante 2005 el panorama político del país giró en torno a los debates de importantes normativas y el impacto del conflicto armado interno. También se destacó la notable influencia de los paramilitares y el proceso de negociación y desmovilización de estos grupos. Asimismo, fue debatido ampliamente el Tratado de Libre Comercio (TLC). Otro tema que acaparó la atención pública fue el proceso legislativo de la Ley 975 de 2005 (llamada Ley de “Justicia y Paz”), objeto de largos debates en el Congreso.

Se continuaron, con varias dificultades, las negociaciones entre los grupos paramilitares y el Gobierno y las desmovilizaciones de integrantes de esos grupos. En respuesta a las protestas de los jefes paramilitares, en octubre el Gobierno accedió a prorrogar el plazo de las desmovilizaciones, acordado para el fin de año, hasta mediados de febrero de 2006. A pesar del declarado cese de hostilidades continuaron acciones violentas de los grupos paramilitares que participan en la mesa negociadora. Gran parte de esas acciones estuvieron vinculadas directamente con el narcotráfico. Se hizo más patente el control y la influencia ilegítima que estos grupos ejercen sobre la administración y sobre la vida política, social y económica en varias regiones del país. Otro aspecto de la problemática paramilitar tiene que ver con los nexos aun existentes entre miembros de los grupos paramilitares y servidores públicos.

Entre otros temas de la realidad nacional, en los últimos meses del año, puede citarse la ocupación de predios rurales por centenares de indígenas del Cauca. Éstos reclamaban la propiedad de esas tierras y denunciaban incumplimiento de promesas gubernamentales sobre una rápida atención a sus requerimientos. Estas ocupaciones dieron lugar a violentos enfrentamientos entre indígenas y miembros de la Fuerza Pública. En noviembre se cumplieron veinte años de la toma del Palacio de Justicia por integrantes del M-19, que dejó un saldo de más de 100 personas muertas, entre ellas 11 Magistrados de la Corte Suprema. A la fecha no hay un solo condenado por esos crímenes. Para contrarrestar la situación de impunidad, la Corte Suprema nombró una comisión especial de la verdad y la Fiscalía General reabrió las investigaciones , durante 2006 el conflicto armado interno siguió siendo, junto con el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los principales factores que afectan la vida de los colombianos, perturban la institucionalidad democrática de Colombia y dificultan el desarrollo socioeconómico del país.

El conflicto también continuó siendo una de las causas más importantes de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario. Se observó también que el Estado continúa demostrando debilidades para reducir la impunidad existente en relación con las violaciones de derechos humanos, aunque se produjeron nuevos compromisos para superar esta situación.

Durante 2006 hubo investigaciones contra varios oficiales militares a quienes se imputaron la organización de atentados terroristas falsamente atribuidos a las FARC-EP y la comisión de homicidios intencionales que inicialmente fueron presentados como muertes en combate, causadas por error o provocadas por "fuego amigo". En contraste con 2002, las elecciones para Congreso y Presidente, en marzo y mayo respectivamente, se dieron en un ambiente más tranquilo, aunque en algunas zonas alejadas de las grandes urbes las FARC-EP perturbaron los preparativos de los comicios.

Los grupos paramilitares intentaron incidir en el proceso electoral para favorecer la llegada al Congreso de candidatos afines a sus intereses. Durante el período preelectoral también se observó en varias regiones del país un incremento de amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. El Presidente Uribe fue reelegido en primera vuelta, y su coalición logró obtener la mayoría en ambas cámaras legislativas. El candidato presidencial del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA) obtuvo el 22% de los votos. Aunque las autoridades procuraron garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos, las dos jornadas electorales estuvieron marcadas por un alto nivel de abstención. Durante 2006 hubo serios cuestionamientos a servidores públicos de alto nivel por hechos de corrupción. En varias regiones hubo informaciones sobre la influencia financiera de grupos armados ilegales y del narcotráfico en las administraciones locales.

La Corte Constitucional continuó desempeñando un papel relevante en la defensa de los derechos humanos. También se destacaron en esa tarea la Procuraduría General de la Nación y los personeros municipales. La Defensoría del Pueblo contribuyó con aportes importantes en la materia, a pesar de sus limitaciones presupuestales y de personal.

El crecimiento económico de 2006 fue del orden del 6%, lo cual constituye una importante variable macroeconómica para superar los significativos índices de pobreza del país. Los resultados del censo de población realizado en 2005 arrojaron datos sobre avances logrados e importantes retos pendientes en materia de reducción de la pobreza y superación de la inequidad. comunidades en riesgo, en particular las que se encuentran bajo amenazas de atentados o desplazamientos, las desplazadas, bloqueadas o sitiadas.

El desplazamiento manifiesta una movilidad de los sectores rurales hacia los urbanos, y últimamente, movilidad interurbana caracterizada por la presencia de nuevos grupos de paramilitares autodenominados de "tercera generación" que empadronan los cinturones de miseria, extorsionan desde comerciantes informales hasta la pequeña y mediana empresa e industria, y asesinan a los líderes sociales, cívicos, sindicales y campesinos que puedan significar algúntipo de organización social que cuestione la impunidad con la que actúan. El total de personas desplazadas siguió creciendo, aun cuando persistió la tendencia de disminución de nuevos desplazamientos forzados, la cual se estaría revirtiendo en el segundo semestre de 2004. El Estado realizó importantes esfuerzos para la atención de esas comunidades. Siguen existiendo debilidades en materia de soluciones duraderas y sostenibles, especialmente frente a la política de retornos, así como de atención diferenciada para mujeres y grupos étnicos.

FORMULACION DE POLITICAS PÚBLICAS

Pese a los esfuerzos del gobierno hay un problema de conceptualización sobre lo que se entiende por política publica en víspera a esto el acuerdo 07 del 2006 crea un grupo interinstitucional para que haga seguimientos permanentes al SNAIPD- sistema nacional de atención integral a la población desplazada- cuyo nombre se Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada-CNAIPD- cuyo objetivo principal es la de hacer seguimiento permanente a la implementación de la políticas y orientarlas de acuerdo a sus resultados e introduciendo los correctivos o modificaciones a los que haya lugar, para favorecer la aplicación y la atención a la poblaron receptora de dichas normatividad en Colombia.

INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SALUD EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2004-2006[8]

La cobertura del sistema de salud en Colombia , sigue siendo muy baja; casi el 40% de la población total no está afiliada, a ninguno de los régimen – contributivo, subsidiado o vinculado - Durante estos años se empeoró la situación hospitalaria, en particular por la precariedad de recursos y servicios, conllevado a que la situación de las personas mas vulnerada en el país empeoren en espacial a las familia desplazada, que se encuentran en el abandono por parte del estado y la aplicación de sus políticas de atención.

En cuanto al derecho a la salud, ha sido notoria la utilización de la tutela (amparo) por parte de muchas personas para poder tener acceso a este servicio fundamental. A esta acción pueden acceder mayoritariamente las personas que se encuentran cubiertas por algún tipo de seguro.El Sistema General de Seguridad Social en Salud aún no garantiza la cobertura global. El 33% de los colombianos no cuenta con afiliación al sistema. La precariedad en el acceso a la salud de estos últimos se ha visto agravada por el cierre de instituciones de la red pública hospitalaria y la reducción de camas disponibles.

CONCLUSIONES

  • La situación de los derechos humanos, durante este periodo se caracterizó por una serie de violaciones graves, vinculadas a los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales.También se registraron detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y atentados contra la libertad de expresión.
  • La situación de pobreza, que afecta a más de la mitad de los colombianos, y en particular los grupos étnicos, las mujeres y la niñez, muestra los altos grados de inequidad, reflejados en el acceso y goce de los derechos a la educación, a la salud, al empleo y a la vivienda, entre otros.
  • Los paramilitares violaron repetidamente su compromiso de cese de hostilidades y persistieron en la comisión de homicidios, amenazas y ataques contra la población civil, toma de rehenes, tortura y tratos humillantes y degradantes, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas y actos de violencia sexual.
  • A los miembros de la Fuerza Pública, y en particular del Ejército, se atribuyeron infracciones al principio de distinción, entre ellas, por la utilización de niños como informantes y en otras actividades militares, así como el uso de escuelas y viviendas civiles, así como actos de violencia sexual.
  • A la ley 782 de 2002, y su decreto 128, se sumó, en junio, la Ley de “Justicia y Paz” como marco jurídico aplicable a las desmovilizaciones Ésta última prevé beneficios jurídicos para los desmovilizados que no pueden acogerse a la ley anterior por ser responsables de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.
  • Las Fuerzas Militares, en sus operaciones, en ocasiones, han desconocido los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad.
  • La situación de derechos humanos se caracterizó, en parte, por una serie de violaciones graves. Éstas tienen que ver tanto con los derechos civiles y políticos como con los grandes desafíos pendientes en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales.
  • Varios de los indicadores de violencia a nivel nacional continuaron mostrando una tendencia decreciente, lo cual es positivo y representa un factor favorable respecto de la de la situación general.
  • Durante 2005, la situación de los derechos civiles y políticos estuvo caracterizada por graves violaciones. Se dio seguimiento a denuncias de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad y seguridad personales, a la libertad y al debido proceso. Asimismo se denunciaron violaciones al respeto de la vida privada y de la intimidad, y a las libertades fundamentales de opinión y expresión, de reunión, de circulación y de residencia.

  • Violencia sexual, hubo un aumento de denuncias de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de servidores públicos, en particular miembros de la Fuerza Pública. Se registraron casos de violencia sexual, incluyendo violaciones, y de torturas contra mujeres atribuidas a miembros de la Policía y del Ejército, en ocasiones de manera grupal. Varios de estos actos afectaron a mujeres indígenas, y muchos ni se investigan.

  • Violación de la libertad de expresión. Persistieron denuncias de amenazas y presiones en contra de la libertad de opinión y de expresión, particularmente contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos.

  • Varias situaciones han puesto en evidencia no sólo la actuación de servidores públicos con grupos paramilitares sino también la persistencia de esos vínculos y la tolerancia de las autoridades. Se registraron nuevas denuncias de nexos con paramilitares de miembros de la Policía y la Infantería de Marina en Bolívar, del Ejército en Chocó y de la Policía en Nariño.

  • La situación de pobreza sigue siendo muy grave. Más de la mitad de la población, es decir más de 22 millones de colombianos, tienen un nivel de ingresos que los sitúa en la pobreza. Entre los pobres están particularmente afectados los grupos étnicos, las mujeres y la niñez. El cálculo de la línea de pobreza ha suscitado un amplio debate público sobre la metodología para determinar el número de personas que viven en la pobreza o en la indigencia. En algunas ocasiones se utiliza la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas. Según ésta se ha visto una disminución en el nivel de pobreza por los aumentos del gasto público en educación, salud y saneamiento básico.

  • Colombia sigue siendo un país con altos grados de inequidad. El 20% de la población más rica recibe el 62% de los ingresos laborales mientras que el 20% más pobre recibe sólo el 3%. Según el índice de Gini[9] la desigualdad no ha disminuido durante los últimos años. En comparación con el año 1996 el índice de Gini ha aumentado (de 0,544 a 0,56 en el año 2004). La inequidad económica se refleja también en el acceso limitado a ciertos bienes y servicios por parte de los más desfavorecidos. La desigualdad se manifiesta marcadamente entre los sectores urbano y rural. La diferencia de ingreso por persona en la zona urbana es casi dos veces y medio mayor a la de la zona rural.

  • Según las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la tasa general del desempleo disminuyó a 10% al final de 2005, acercándose al nivel que existía en 1997. El desempleo de mujeres es más alto que el de los hombres. La tasa alta del subempleo, aproximadamente 31%, no ha disminuido.

  • Se estima que 1,6 millones de niños se encuentran por fuera del sistema educativo. Esto equivale al 13% de la población de niños y niñas entre los 5 y 17 años. Adicionalmente, hay marcadas inequidades entre las zonas urbanas y rurales. Mientras las primeras tienen una cobertura de 91%, en las segundas solo el 77% de los niños y las niñas en edad de recibir educación asisten a un establecimiento educativo. La repetición del año escolar en el sector oficial duplica o triplica, a la del sector privado.

  • Sigue existiendo un déficit grande de viviendas en el país. Según estimaciones hace falta construir más de 2 millones de viviendas nuevas para cubrir el déficit. A pesar de ello, el nivel de construcción de viviendas de interés social siguió siendo muy bajo durante el año 2005. En contraste, continuó creciendo la construcción de viviendas en los estratos más altos. Respecto de la cobertura de saneamiento básico en las viviendas, el 74% cuenta con servicio de alcantarillado y el 88% cuenta con servicio de agua potable.



[1] Decreto 1165 de 1997: Por el cual se crea la Consejería Presidencial para la atención de la población desplazada por la violencia y se le asignan funciones.

www.minproteccionsocial.gov.co/

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] http://www.constitucional.gov.co/corte/

[5] Ver; http://www.acnur.org/pais/. los informes por año de publicación …consulta del 2 de agosto del 2008.

[6] Ver texto completo: http://www.dafp.gov.co/leyes

[7] Ver; http://www.acnur.org/pais/. los informes por año de publicación …consulta del 2 de agosto del 2008.

[8] Ver; http://www.acnur.org/pais/. los informes por año de publicación …consulta del 2 de agosto del 2008.

[9] El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

Tomado: http://es.wikipedia.org